Tras la desaparición de Julio López, el blanco de los espías fueron las protestas

Proyecto X -8/3/13

Informaban sobre las marchas por el testigo del caso Etchecolatz.
Observados. Marcha por la aparición de Julio López, en 2006./JUAN TESSONE

Julio López, testigo clave del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, desapareció el 18 de septiembre de 2006. No se sabe exactamente qué hicieron las fuerzas de seguridad para buscarlo, pero nunca lo encontraron. Las pruebas halladas en las computadoras secuestradas en Campo de Mayo muestran que nueve días después de la desaparición, y en vez de concentrarse en la búsqueda, la Gendarmería se dedicaba a espiar a quienes marchaban para reclamar su aparición.

La información fue recolectada por el llamado Proyecto X con el que la Gendarmería realizó inteligencia sobre actividades de dirigentes sociales entre 2004 y 2011, según pruebas que viene revelando Clarín desde el miércoles.

El 27 de septiembre de ese mismo 2006, bajo el título “Actividades a concretar por organizaciones sociales”, un informe dirigido a la DIRICRIMI (Dirección Criminal) señala: “Fines de su conocimiento difúndese el documento que será leído en la marcha por la aparición con vida de Julio López y que fuera redactado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia”. Y enseguida agrega: “Según se supo, hasta la hora de su lectura se seguirán tomando adhesiones”. Y a continuación se transcribe todo el documento con las firmas de las organizaciones que se habían sumado a la convocatoria.

El 5 de octubre de 2006, los informes vuelven a ocuparse de la desaparición de López, pero siempre para referirse a las alternativas de las marchas. Este informe llega desde Rosario mientras se realizaba la movilización: “Las organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas, Madres y Abuelas de Plaza 25 de Mayo, Hijos Rosario, APDH, Museo de la Memoria, Coordinadora de Trabajo Carcelario, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y ATE, Agrupadas en al denominada Multisectorial, se desplazaron por la calle Santa Fe, hasta llegar a la sede local de la gobernación, donde se encuentran efectuando sus reclamos ”.

El texto continúa: “Los manifestantes dieron a conocer que el 11 de octubre, hora a determinar, tendrían la intención de movilizarse nuevamente, por la aparición con vida del señor Jorge Julio López. La concentración inicial se realizaría en la Plaza San Martín, sito en la calle Santa Fe y Dorrego, seguidamente se desplazarían por las calles céntrica ( sic) de la ciudad y finalizarían en el monumento nacional a la bandera ‘patio cívico’, con un acto de sierre ( sic)”. Y relata: “Se observa la presencia del Polsanfe (Policía de Santa Fe) y la guardia urbana municipal encausando ( sic) el tránsito vehicular”. Para concluir con el ya clásico “Ampliaré”.

Y el 18 de octubre de 2008 dan cuenta de otra marcha por Julio López en Rosario. Luego de mencionar una por una las organizaciones que participan de la movilización al Monumento a la Bandera, se señala: “Arribaron micros de distintos puntos de la provincia de Santa Fe pertenecientes a las localidades de Casilda, Venado Tuerto, Rafaela, Coronda, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución y otras localidades. Hasta el momento totalizan aproximadamente unas 3.500/3.700 personas. Hasta el momento no se produjeron AOP (Alteraciones del Orden Público). Ampliaré”.
POR MARIANO THIEBERGER
http://www.clarin.com/politica/desaparicion-Julio-Lopez-blanco-protestas_0_878912148.html

Detienen a un represor prófugo denunciado por Jorge Julio López

Detienen a un represor prófugo, se trata del ex policía Carlos Pedro Muñoz, señalado por Jorge Julio López como uno de los represores en el CCD Comisaria 5ª de La Plata

El ex policía Raúl Pedro Muñoz, señalado por el testigo desaparecido Jorge Julio López como uno de los represores del centro clandestino de detención que funcionó en la Comisaría 5ª de La Plata, fue detenido por la justicia platense tras permanecer tres meses prófugo. El ex policía, sobre quien pesaba una orden de detención desde noviembre, se entregó ante el juez federal Nº 3 Arnaldo Corazza, quien ordenó su detención en el penal federal de Marcos Paz.

Según informa Tiempo Argentino, Muñoz fue detenido el martes por la mañana. Poco antes del mediodía, el represor ingresó al juzgado federal de La Plata y la imagen de ese hombre cargando un pequeño bolso entre sus manos, acaparó la atención de todos los que en el hall del edificio de justicia de 8 y 50 hacían los primeros trámites luego de la feria.

El ex policía está acusado en la causa Nº 271 "Gomez, Cecilio Reinaldo y Otros s/ Delitos de Lesa Humanidad (Comisaría 5ta La Plata)" que tramita en el juzgado federal Nº 3, a cargo de Arnaldo Corazza, quien, según confirmó a Tiempo Argentino, ordenó su traslado al pabellón de la Cárcel de Marcos Paz que aloja a los imputados y condenados por crímenes cometidos en la dictadura. El magistrado había ordenado la detención del ex uniformado hace tres meses cuando la Cámara Federal, por pedido de la Fiscalía Federal de La Plata, le ordenó al juez que resuelva la situación del acusado. Desde ese momento se encontraba prófugo.

Muñoz es uno de los once policías que el sobreviviente de la dictadura Jorge Julio López, desaparecido tras su testimonio en el juicio a Miguel Etchecolatz en 2006, había reconocido como uno de sus captores en el centro clandestino Comisaría 5ª en su declaración en el Juicio por la Verdad del 30 de noviembre de 2005. Sin embargo, a cuatro de ellos el juez federal Nº 1 de La Plata, Humberto Blanco, les dictó falta de mérito luego de desacreditar por "vago" e "impreciso" el testimonio de López, a quien además le reprochó haber demorado en denunciar los pormenores de su detención. Esa decisión fue apelada por la fiscalía y la querella de Justicia Ya! quienes, además, acusaron al juez por revictimizar a los testigos.
Fuente: Agepeba

JUEZ BLANCO: LA PERPETUA IMPUNIDAD Y CÓMO LOGRARLA

 Justicia YA! La Plata

COMUNICADO
 
          Días pasados el Juez Blanco agregó un nuevo eslabón a la larga cadena de impunidad acerca de las desapariciones de Jorge Julio López.
          El magistrado liberó a los ex policías Carlos Basualto, Julio Pasquale, José Orellana y Héctor Herrera. En el año 1999, López había declarado en el Juicio por la Verdad que se desarrolla en la Ciudad de La Plata que los había reconocido como integrantes de la “patota” de la comisaría 5ª, pero el juez desacreditó su testimonio al calificarlo de “vago” e “impreciso”. Y lo fundamentó al decir que “el albañil debería haber comunicado a los organismos correspondientes los aberrantes sucesos mucho tiempo antes o documentado dicha circunstancia. Lamentablemente, el tiempo transcurrido opera en detrimento de la búsqueda de la verdad”. Blanco se permitió agregar que “ese reproche no puede soslayarse porque tenía la obligación y el derecho de denunciar lo acontecido, como lo hicieron otras víctimas, madres, abuelos, y tantas otras que sufrieron igual que él, o más aún”.
         El juez ofende a López, ofende a los sobrevivientes, ofende a los familiares y al conjunto de compañeros y víctimas del genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar instaurada en 1976  y ofende a la memoria colectiva.
          Manuel Humberto Blanco es el juez responsable de la causa López. Es el que debería haber investigado la segunda desaparición de López. Es el que a seis años del hecho no ha efectuado ninguna detención, garantizando de esta manera la impunidad de sus secuestradores. Es el juez de la causa que investiga la segunda desaparición de López garantizando que, luego de 6 años, no haya ningún detenido.
          En realidad es este juez quien lleva adelante todas las causas de delitos contra la humanidad en forma realmente vaga e imprecisa. Ya hemos denunciado en forma reiterada las irregularidades, demoras, desguaces y revictimización  en que incurre el Dr. Blanco; algunas y a modo de ejemplo: residuales Unidad Penitenciaria Nº 9; CCD La Cacha; Causa Nº 15274 Ferreyro (torturador que se desempeñó en el CCD “El Infierno”), a quien en primera instancia el juez sobreseyó por el delito de violación sin convocar a ninguno de los testigos del hecho y sosteniendo que “no surge a mi criterio elementos suficientes para evidenciar siquiera el hecho, con el grado de certeza requerido en esta etapa sumaria, ni su motivación”.
 Las causas por los hechos ocurridos en Comisaría 8va, Cementerio de La Plata, y el CCD que funcionó en 1 y 60, están paralizadas desde el momento en que se abrieron, el 26 de marzo de 2003.  Igualmente paralizadas están las causas CNU y varias causas por apropiación de niños y niñas durante la dictadura militar.
          El juez Blanco ya fue denunciado por esta querella ante el Consejo de la Magistratura por denegación de justicia. La respuesta obtenida no fue menos vergonzosa que el accionar del juez.    
          En cuanto a la Causa López, Blanco la tiene bajo su órbita desde que su par Arnaldo Corazza renunciara a seguir investigando después de desviar sistemáticamente todas las líneas de investigación que apuntaban a la bonaerense. En un principio optó por radicar la causa en una Secretaría común de su juzgado que la desconocía por completo, y luego la delegó en el fiscal Franco quien la rechazó una y otra vez. Todo concluyó varios meses después, con el apartamiento del fiscal de la causa, y sin que ninguna actividad útil se haya evidenciado hasta el día de hoy. Transcurridos ya más de6 años del segundo secuestro y desaparición de López, podemos afirmar que hamediado por parte del juez Blanco una ostensible orfandad investigativa, negligencias eirregularidades de toda índole, que han impedido el avance de todas las líneasinvestigativas, y han producido lisa y llanamente, el encubrimiento de los posiblesculpables.
          La querella del colectivo Justicia Ya – La Plata!  en el reciente alegato ante el TOF 1 de La Plata expresó “la paradoja de que quien debería responder sobre los responsables de su segunda desaparición lo interpela y le reclama ‘precisiones’ por su primer secuestro, le reprocha su tardanza –olvidando las leyes de impunidad y su propia incompetencia – dice que López tenía obligación de denunciar como si fuera una carga pública y se atreve a medir su grado de sufrimiento”.
 
Repudiamos una vez más a jueces que como Blanco garantizan la continuidad de la impunidad de los genocidas.
 
Exigimos a los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo su urgente intervención para la inmediata separación de Blanco de las causas de lesa humanidad, el  juicio político y su exoneración, por entender que el proceder de este nefasto juez se contrapone totalmente con la debida administración de justicia.
La Plata, 10/12/12


Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD); Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada.; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega; Insurrectos- Trabajo Social (UNLP); Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); HIJOS La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata, integrantes de Justicia YA! La Plata
 
Teléfonos de contacto:

Carlos Zaidman (AEDD): (0221) 15 573 1407
María Laura Bretal (Unión por los Derechos Humanos): (0221) 15 558 0751
Guadalupe Godoy (CTA LP-Ensenada): (0221) 15 637 7100

Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y Justicia Ya, plantearán Juicio Político al Juez que "culpabilizó" a López

Fiscales cuestionan a Blanco por “revictimizar” a Julio López
 “Parece desconocer los procesos históricos” y el “estrés post traumático que sufren las víctimas”, manifestaron en una apelación al fallo en el que el juez reprochó que el albañil demoró en declarar. Los organismos analizan un posible juicio político.

Jorge Julio López, durante la inspección a la Comisaría Quinta de La Plata
Por Pablo Spinelli spinellipa@gmail.com
@spinellipa

Las expresiones de “reproche” del juez Manuel Humberto Blanco, en las que cuestiona a Jorge Julio López porque se demoró en declarar lo que sufrió mientras estuvo detenido-desaparecido en tiempos de la dictadura, tuvo duras reacciones de parte de los fiscales que llevan adelante la causa por la cual el magistrado emitió el fallo en el que plantea tales opiniones; y de los organismos de Derechos Humanos, que analizan promover un juicio político o plantear un recurso de denegatoria de Justicia. También se plantearon la necesidad de que ese juez deje de entender en las causas vinculadas con delitos de lesa humanidad.

La línea argumental común de todos los sectores apunta a que poner en cuestión el testimonio de López, porque fue realizado varios años después de ocurridos los hechos, es poner también en tela de juicio muchos otros testimonios de sobrevivientes que fueron realizados incluso después al del albañil de Los Hornos, y que ya fueron tomados como prueba para condenar a varios represores.

La crítica de los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Gerardo Fernández se canalizó a través de una apelación del fallo de Blanco que decretó la falta de mérito de cuatro ex policías que trabajaron en la Comisaría Quinta en tiempos de la dictadura. Más allá de plantear que el juez valoro mal el testimonio de López con el que ubicó a dos de los efectivos en ese lugar en el momento en el que él estuvo detenido, dedicaron varios párrafos a criticar el “reproche” del juez a la demora con la que López declaró.

“Esas afirmaciones parecen desconocer los procesos históricos atravesados por nuestro país en los últimos treinta años y, específicamente, sobre el estrés post traumático que sufren las víctimas de los crímenes del terrorismo de Estado y sus consecuencias”, dicen los fiscales.
Y al desmenuzar el fundamento de Blanco, cuando leen que el juez plantea que la víctima debió denunciar antes los hechos, responde: “Recordemos que López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y que recuperó su libertad el 25 de junio de 1979. En esos tres años fue víctima de agentes estatales, muchos de los eran sus vecinos en Los Hornos. Es por ello que entendemos que poner sobre el testigo víctima la carga de denunciar y documentar sus sufrimientos, cuando fue el propio Estado en la clandestinidad, a través de sus agentes, el que lo victimizó y se encargó de borrar las pruebas, es volver a victimizar a López”.

Los fiscales también cuestionan que Blanco soslaya el contexto en el que vivió López hasta denunciar por primera vez estos hechos, en 1999. “Antes de eso –dicen- las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y luego los indultos a condenados y procesados bloquearon cualquier posibilidad de procurar justicia. Es por ello que no puede afirmarse que era esperable que López fuera a denunciar a muchos de sus vecinos policías en un contexto de impunidad total respecto de los crímenes que él y sus compañeros sufrieron”.

También avanzan sobre el contexto íntimo en que López vivió los años posteriores a su liberación: “Su familia siempre se negó a que realizara denuncias y en 1999, cuando declaró en el Juicio por la Verdad, lo hizo a escondidas de su esposa y sus hijos, al igual que las dos oportunidades siguientes, en noviembre de 2005”.

Finalmente, consideran que lo manifestado por el juez sobre la existencia de otros testigos y víctimas que obraron de forma distinta que López, y sufrieron “igual” que López “o más aún”, “resulta una ponderación innecesaria que nada aporta al análisis de las imputaciones por el testigo realizada”.

Posible jury. Con argumentos similares, organismos como la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y el Colectivo Justicia Ya! manifestaron su indignación ante los argumentos de Blanco y analizan varios caminos para que ese malestar se traduzca en acciones concretas. La posibilidad de impulsar un juicio político es una de ellas, pero también lo es plantear un recurso de denegatoria de Justicia.

Pero el objetivo de mínima que se plantean es que Blanco deje de tener a su cargo causas vinculadas con delitos de lesa humanidad. Sostienen que si aplica el mismo criterio que con López, entrarían en crisis decenas de testimonios que declararon por primera vez incluso después del albañil.

Así lo indicó la ex detenida Nilda Eloy, quien consideró que su propio caso podría ser “reprochado” por Blanco como lo hizo con López. “Mi testimonio es posterior al de Jorge”, dijo la mujer, quien declaró recién en 2005, cuando se desarrollaba la instrucción del juicio que un año después condenaría a perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz.

Para el juez Blanco, Jorge Julio López tuvo la culpa

Blanco dictó la falta de méritos a 4 ex policías.

El juez que criticó a Julio López

 Por Adriana Meyer

No sólo los genocidas cuestionan a los sobrevivientes de la dictadura. El juez federal Manuel Blanco criticó al desaparecido Jorge Julio López por haberse “demorado” en dar testimonio de los horrores que padeció tras su primer secuestro en 1976. Lo hizo en una resolución con la que dictó la falta de mérito a cuatro ex policías que el albañil dijo haber visto en el centro clandestino que funcionó en la comisaría 5ª de La Plata. El colectivo Justicia Ya! pedirá que este magistrado sea apartado de las causas por delitos de lesa humanidad, e incluso analiza solicitar su juicio político. Blanco es, además, el juez de la causa que investiga la segunda desaparición de López, un expediente que sigue paralizado.

El magistrado liberó a los ex policías Carlos Basualto, Julio Pasquale, José Orellana y Héctor Herrera. En 2005 López había declarado en el Juicio por la Verdad de La Plata que los había visto durante su cautiverio en la comisaría 5ª, pero el juez desacreditó su testimonio al calificarlo de “vago” e “impreciso”. Y lo fundamentó al decir que el albañil “debería haber comunicado a los organismos correspondientes los aberrantes sucesos mucho tiempo antes o documentado dicha circunstancia. Lamentablemente, el tiempo transcurrido opera en detrimento de la búsqueda de la verdad”. Blanco se permitió agregar que “ese reproche no puede soslayarse porque tenía la obligación y el derecho de denunciar lo acontecido, como lo hicieron otras víctimas, madres, abuelos, y tantas otras que sufrieron igual que él, o más aún”.

Justicia Ya! marcó “la paradoja de que quien debería responder sobre los responsables de su segunda desaparición lo interpela y le reclama ‘precisiones’ por su primer secuestro, le reprocha su tardanza –olvidando las leyes de impunidad y su propia incompetencia–, dice que López tenía obligación de denunciar como si fuera una carga pública y se atreve a medir su grado de sufrimiento”.

Muestra fotográfica La Plata - Acto en Buenos Aires

Acto a 6 años de la desaparición de Jorge Julio López

  El acto de la Multisectorial Rosario a 6 años de la desaparición de Jorge Julio López, suspendido por el temporal del martes 18, se realizó al día siguiente. En el marco de preocupación y denuncia por la creciente represión de la protesta social y sindical, se exigió aparición con vida de López y reactivación de la causa judicial; justicia para Silvia Suppo, Mariano Ferreyra y Luciano Arruga, entre otras víctimas de desaparición en democracia y asesinatos por causas políticas; y el desprocesamiento de los miles de luchadores populares criminalizados por su militancia, entre otros reclamos.

Nicolás Rufine, del Frente Popular Darío Santillán y uno de los voceros de la Multisectorial Rosario en la jornada, aseguró que “lo que venimos a plantear acá es la memoria que queremos sostener y resistir del compañero Julio López, a seis años de su desaparición. Un compañero que desapareció dos veces, en dictadura y en democracia. Que enfrentó a sus torturadores para decirles que fueron ellos los criminales, los genocidas. Tuvo el coraje para hacer eso, y el mismo aparato represivo que aún no está desmantelado lo hace desaparecer de nuevo. 

El ejemplo de Julio López es un ejemplo que deberíamos tener mucho más presente aún, porque es un compañero que tuvo la entereza de enfrentar a sus captores para completar el rompecabezas que es Argentina y señalar los lugares donde habían estado desaparecidos él y sus compañeros. Y por todo eso es la represalia contra él”.

“Después de lo de López, pasó lo de Silvia Suppo” recordó Rufine, “también una testigo clave en la causa contra el genocida juez Brusa. Volvió a ocurrir lo mismo, Silvia Suppo fue asesinada y se dice que fue un robo común. El gobierno mismo de Santa Fe también participa de esta trama de mentiras. Y la historia sigue así. No hay “nunca más” con desaparecidos en democracia. El año que viene se cumplen 30 años del regreso de la democracia y tenemos cada vez más compañeros luchadores perseguidos, cada vez más compañeros golpeados, asesinados y desaparecidos. Es muy triste. Y lo más triste es que los desaparecidos necesitan de nosotros y la sociedad argentina no está demostrando estar a la altura de las circunstancias, Julio López se merece mucho más de lo que estamos haciendo todos, para que los derechos humanos no sean solamente los del ayer sino también los de hoy”.

Por su parte, Gustavo Brufman, secretario de derechos humanos de la CTA Rosario y referente sindical de los docentes universitarios, planteó que nos encontramos “en un escenario profundamente contradictorio, mientras se está juzgando a los genocidas -y nosotros reclamamos la aceleración de las causas- en donde en estos momentos también se está llevando a cabo un juicio contra los responsables de lo que fue la Masacre de Trelew, preámbulo del terrorismo de Estado. En ese mismo contexto también se da la implementación de una "Ley Antiterrorista" que muy claramente viene a marcar a la protesta social, al movimiento popular, a los reclamos. Y además, se suma ahora el hecho de que el propio Ministro de Defensa Arturo Puricelli está dando via libre a cursos de formación a integrantes de las Fuerzas Armadas a cargo del Pentágono de una versión aggiornada de lo que fue la Doctrina de Seguridad Nacional, que fue el marco para el terrorismo de Estado. Esto, que fue denunciado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, es un hecho más que marca las tensiones en las que se da este reclamo de verdad y justicia”.

http://colectivoepprosario.blogspot.com.ar/

DOCUMENTO A 6 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ

A seis años del segundo secuestro de Jorge Julio López venimos a esta plaza a gritar: compañero Julio López PRESENTE!!

Julio López, el albañil, ex detenido-desaparecido que después de muchos años de silencio puso en palabras sus recuerdos del horror vivido para acusar a sus torturadores, que reconstruyó su memoria ladrillo a ladrillo, para cumplir su compromiso con quienes fueron sus compañeros de lucha, no llegó a la sala de audiencias ese 18 de septiembre de 2006.

Miles salimos a la calle en La Plata, bajo una lluvia torrencial, el viernes de la primera semana, gritando desesperadamente y después de tantos años: Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables. Al finalizar esa primera marcha escuchamos de boca del entonces gobernador Solá, y sus funcionarios Arslanián y Binstock, la transmisión de una idea que anticipaba la política de la que no se apartarían ni un ápice los sucesivos gobiernos provincial y nacional. Esa noche los funcionarios respondieron que estaba en peligro la gobernabilidad de la bonaerense. La Policía de la Provincia, al momento de la desaparición de López, tenía en sus filas más de 3.000 efectivos que en los años 76 y 77 estuvieron destinados a las dependencias donde funcionaron centros clandestinos de detención y ningún gobierno constitucional separó ni investigó. Está claro hoy que en ese momento ya habían renunciado a encontrar a nuestro compañero Jorge Julio López y habían renunciado a detener, juzgar y condenar a los responsables.

Julio López, cuyo segundo secuestro fue, primero minimizado por el oficialismo y sus seguidores y luego, transformado por ellos en una búsqueda que preguntaba por su nombre pero no se atrevía a interpelar a sus torturadores de la policía bonaerense.

En todos estos años nos hemos movilizado a lo largo y ancho del país y hemos organizado actividades con el objetivo de mantener viva la denuncia, y hemos recibido por única respuesta el silencio de la impunidad, el silencio de la complicidad.

Julio López no fue el primer desaparecido posterior a la dictadura: Miguel Bru, Andrés Nuñez, entre otros, son prueba de ello. Su desaparición marcó el hecho de reinstalar la desaparición como práctica genocida, poniendo en jaque al Nunca Más, y demostrando que es posible que vuelva a suceder lo que imaginábamos desterrado. Fue una confirmación más de lo que siempre dijimos, la impunidad sólo genera impunidad…

Impunidad que no es sólo responsabilidad de los gobiernos constitucionales anteriores a Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sino también de éstos, porque no hicieron lo necesario para terminar con tantos represores sueltos fuera o dentro de las filas policiales o militares. La impunidad actual, vigente, es la que permite que López esté desaparecido. La responsabilidad criminal es, sin duda, de los autores materiales del secuestro y desaparición de Julio. Pero la responsabilidad política de que Julio aparezca con vida, como denunciamos desde un primer momento, es de los gobiernos nacional y provincial.

El Estado, con total intencionalidad, no realizó una investigación, y cada fuerza simuló una búsqueda por su cuenta, ocultando sus pasos a las otras, mientras que los funcionarios políticos negaban la posibilidad del secuestro, insistiendo en que Julio estaba perdido o escondido. El gobierno tiene que responder por el encubrimiento y complicidad por parte de los organismos de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial: la SIDE, el Servicio Penitenciario Federal, la policía Bonaerense y la Federal.

Desde el primer momento, no investigaron las pistas que involucraban a Etchecolatz y a la bonaerense, y al día de hoy no han esclarecido ninguna de las innumerables amenazas y agresiones que sufrieron durante el juicio y siguen sufriendo testigos, querellantes, familiares de desaparecidos, jueces, fiscales, ni los secuestros posteriores a testigos como Geréz, Puthod, Martínez, y militantes que participaron por los reclamos por la aparición con vida de Julio; ni el asesinato de Silvia Suppo. Ha sido precisamente la persistente impunidad del secuestro y desaparición de Julio la que fomentó que las amenazas a los testigos, los abogados y a los militantes vinculados a los juicios a los genocidas continuaran y se agravaran, transformándose en agresiones y secuestros.

El gobierno es responsable de su aparición con vida y debía haber dado los pasos precisos y contundentes que siempre le exigimos: exonerar y denunciar ante la justicia a todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que se desempeñaron durante la dictadura, promover la remoción de jueces y fiscales cómplices, impulsar juicios por campo de concentración o por circuito represivo donde se juzgue por el delito de genocidio a todos los represores y a sus cómplices civiles.

Mientras ellos sostienen la impunidad, miles y miles en todo el país nos movilizamos cada 18 de septiembre para decir presente al compañero Julio López!

Hoy, denunciamos la impune utilización que hace el gobierno de la Provincia del nombre de Julio López para bautizar plazas y parques ocultando que no se da un solo paso para encontrar a los responsables del secuestro. En el mismo sentido, la reciente declaración de Ciudadano Ilustre otorgada por el Concejo Deliberante de La Plata es una provocación que resalta el cinismo del poder político que tendría que haber garantizado la aparición con vida y el castigo a los culpables.

Hoy, denunciamos que la causa judicial de Julio es un ejemplo descarado de las maniobras de impunidad y encubrimiento de las que son responsables jueces y fiscales subordinados al poder político o a las fuerzas represivas.
Durante el último año, lo único que sucedió en la investigación judicial fue una denuncia contra las querellas y los funcionarios judiciales que intervinieron en el juicio contra Etchecolatz, en la que de forma aberrante se intentaba distorsionar las responsabilidades de lo sucedido acusando a los compañeros de Julio de “no haberlo cuidado”. Mientras tanto, jamás se investigó a la Bonaerense heredera de Camps y Etchecolatz, que en todos estos años, y en las más diversas situaciones, demuestra ser una verdadera organización mafiosa.

Hoy, a 6 años de la dolorosa desaparición de Julio, estamos en esta Plaza para ratificar la lucha popular contra la impunidad, para denunciar el encubrimiento, para oponer voz al silencio de los de arriba, para reclamar justicia. Para exigir cárcel común y efectiva a sus secuestradores, a todos los represores y asesinos, a todos los genocidas.

Por eso decimos:
BASTA DE SILENCIO, ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD
Aparición con vida YA de Julio López
Juicio y castigo a los responsables

Compañeros y compañeras,

Reivindicamos hoy el derecho inalienable y el compromiso a luchar por vivienda, trabajo y salario digno para todos, por educación y salud para nuestro pueblo, contra  la entrega de nuestros recursos naturales, contra el pago de la ilegitima y usuraria deuda externa, contra la depredación ambiental de las empresas imperialistas. Por un país sin opresión, sin explotación.

Porque defendemos el derecho a luchar y a organizarse de nuestro pueblo estamos  aquí, con la misma convicción de Julio, denunciando al gobierno nacional, los  gobiernos provinciales de todo el país, y el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires, por la brutal criminalización de la protesta social y por la impunidad, de las que son responsables.

Numerosos hechos dan cuenta de esta situación:

En los últimos dos años la política represiva del gobierno ha reconocido un punto de inflexión: fueron asesinados 18 luchadores populares.

Se han militarizado los barrios obreros y populares. Por la política de “seguridad democrática” de Garré se instala en los barrios y villas al Ejército, a la Marina, a la  Aeronáutica, profundizando el modelo ya iniciado con la incorporación de Prefectura y Gendarmería. 

Se han incrementado las actividades de infiltración y espionaje sobre las organizaciones y militantes obreros y populares a través del proyecto X de la Gendarmería, del accionar de la SIDE y de todos los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad. Estas actividades de inteligencia se utilizan para armar causas contra luchadores.

El pasado 30 de agosto fueron detenidos 65 compañeros de las organizaciones de desocupados de la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie cuando se encontraban manifestando en la Panamericana a la altura de la Ruta 197, en reclamo de mayor inclusión y mejoras en los planes Argentina Trabaja. Los compañeros fueron demorados en la Unidad de Procedimientos especiales Judiciales (Proyecto X) ubicado en CAMPO DE MAYO, dependencia del Ejército que fue sede de uno de los más grandes campos de concentración de la dictadura genocida. La  detención fue realizada por la Gendarmería Nacional por orden del Secretario de Seguridad Sergio Berni, y sin orden judicial alguna.

Continúan presos Víctor Barbero, Omar Pasquini, Rubén Omar Astudillo, Juan José Guayanes, Juan Marcelo Farías y Horacio Esteban Guayanes, por la pueblada de Corral de Bustos en Córdoba.

De cada lucha surgen nuevos dirigentes y militantes procesados. Las causas abiertas en todo el país suman ya más de 4000. La persecución judicial se profundiza día a día hacia los sectores que luchan y defienden sus derechos, especialmente sobre aquellos que reclaman derecho a la tierra, a la vivienda y al trabajo, derechos que el estado tiene la obligación de garantizar y que continúa violando.

La ley antiterrorista es el instrumento legal propuesto al Congreso por la presidenta Cristina Fernández para profundizar el castigo a todos los que luchan. Su sanción corre el velo de las máscaras democráticas con que se adorna el gobierno. Y los diputados y senadores que la votaron son verdaderos responsables de traición al pueblo argentino.
Mientras la mayoría oficialista se ha negado una y otra vez a tratar una ley contra la criminalización de la protesta, sancionó en tiempo record la Ley antiterrorista.

Esta ley no es un hecho aislado, sino que se relaciona directamente con el intento de instalar una base norteamericana en el Chaco, intento frenado con la movilización popular. A pesar de esto, el gobierno nacional no derogó el convenio firmado con los Estados Unidos para instalar la base, profundizando esta relación con la presencia de instructores y asesores militares norteamericanos expertos en Seguridad Nacional, Guerra No Convencional y Operaciones de Información dictando cursos al personal del Ministerio de Defensa sobre control de disturbios, operaciones antidrogas y antiterroristas.
El mantenimiento de las tropas argentinas en Haití cumple con el rol colonial del imperialismo yanqui.

Por todo eso decimos:
Basta de persecución y asesinatos de los luchadores populares!

Compañeros y compañeras,

A poco de cumplirse un nuevo aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra, el juicio que en estos momentos se está desarrollando contra José Pedraza, su patota y los policías que participaron del crimen es una victoria absoluta de la inmediata y gigantesca movilización popular que recorrió (y recorre) todo el país.
El asesinato de Mariano y las graves heridas que sufrieron Elsa Rodríguez y otros compañeros fueron el resultado de un plan criminal que tenía por objeto aleccionar a los trabajadores tercerizados del ferrocarril que reclamaban su pase a planta permanente. Tanto del plan criminal como de la superexplotación de los trabajadores son responsables la Unión Ferroviaria y los empresarios de Ugofe con la anuencia y complicidad de los funcionarios de la Secretaría de Transporte y el gobierno nacional.  
Se trata, en definitiva, de los mismos actores que estuvieron detrás de la Masacre de Once y de centenares de víctimas del régimen criminal que montaron a partir de los subsidios del Estado.
El juicio a Pedraza es histórico, porque tenemos a uno de los responsables políticos de un crimen contra el pueblo tras las rejas y sentado en el banquillo de los acusados. Desde esta Plaza reclamamos: ¡Perpetua a Pedraza! ¡Castigo a todos los responsables materiales, políticos y empresarios del crimen de Mariano Ferreyra!

Con la presencia y con la ausencia de Julio, estamos en esta plaza reivindicando el derecho a luchar de los trabajadores ocupados y desocupados, del movimiento campesino, del movimiento estudiantil y de todos aquellos que luchan, crean organizaciones y levantan su voz para exigir justicia, para exigir salarios dignos, para exigir tierra y vivienda, educación y salud para todos.

Así como Julio, a pesar de todas las torturas, de todos los horrores, de todas las injusticias, pudo plantarse frente a los poderosos y poner su voz por los  que fueron privados de su voz, al servicio de nuestro pueblo, hoy estamos aquí, para  seguir  denunciando  los  crímenes  contra  el pueblo, para seguir luchando  para  conquistar   un país  sin opresión y sin explotación, que  haga  realidad   los sueños  de  nuestros  30000  compañeros  detenidos –desaparecidos.
Marchamos con vos, Julio, y exigimos al Gobierno tu aparición con vida YA!

Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
18 de septiembre de 2012

A 6 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE JULIO LÓPEZ

EXIGIMOS AL GOBIERNO BASTA DE SILENCIO, ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD

Aparición con vida YA de Julio López
Juicio y castigo a los responsables
Basta de persecución y asesinatos de los luchadores populares

 
EXIGIMOS AL GOBIERNO:

Aparición con vida ya de Jorge Julio López
Castigo a los responsables políticos y materiales de su secuestro
Basta de silencio y encubrimiento oficial
Cárcel a todos los genocidas por todos los compañeros
Apertura de todos los archivos de la represión de la dictadura
Juicio y castigo a los representantes del poder económico que sostuvo a la dictadura y a sus cómplices. Cárcel perpetua ya a Blaquier y a Navajas Artaza.
Esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo. Juicio y castigo a los responsables

NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS LUCHAS

Cárcel perpetua a Pedraza, a la patota y a los policías implicados en el asesinato de Mariano Ferreyra. Castigo a todos los responsables políticos y empresariales del asesinato.
Aparición con vida ya de Daniel Solano delegado de los trabajadores de Expofrut en la Provincia de Río Negro. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de su desaparición.
Basta de persecución y espionaje a los delegados y activistas obreros por razones sindicales y políticas! Desmantelamiento inmediato del Proyecto X!
Solidaridad con los trabajadores del Ingenio El Tabacal reprimidos por la policía salteña, para proteger los intereses de la compañía norteamericana Seaboard Corp.
Solidaridad con los trabajadores del Argentina Trabaja reprimidos en la Panamericana y detenidos ilegalmente en Campo de Mayo por la Gendarmería Nacional al mando del Teniente Coronel del Ejercito, Sergio Berni Subsecretario de Seguridad de la Nación.
Solidaridad con los pueblos que luchan contra la Megaminería.
Basta de reprimir, desalojar y asesinar a los campesinos, pueblos originarios y a todos los que luchan por tierra para trabajar y una vivienda digna.
Cierre de las causas y anulación de las condenas a los más de 4000 luchadores populares procesados. Aprobación de la Ley contra la Criminalización de la Protesta. Derogación de la Ley Antiterrorista y anulación de toda la legislación represiva.
Libertad a los presos por luchar: Víctor Barbero, Omar Pasquini, Rubén Omar Astudillo, Juan José Guayanes, Juan Marcelo Farías y Horacio Esteban Guayanes, presos de la pueblada de Corral de Bustos en Santa Fe.
Castigo a todos los responsables políticos y materiales de los asesinados por luchar: Marcelo Cuellar y Cristian Ibañez (Jujuy) – Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte (Neuquén) – Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas (Bariloche) – Mariano Ferreyra – Roberto López y Mario López (Formosa) – Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (Indoamericano) – Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán (Jujuy) – Martires López (Chaco) –– Jeremías Trasante, Claudio Damián Suarez, Adrián Leonel Rodríguez y Cesar Oviedo (Rosario, Santa Fé) – Noemí Condorí (Escobar) - Cristian Ferreyra (Santiago del Estero) – Luis Condorí (Jujuy).
Basta de represión a los luchadores populares.

NO A LA CRIMINALIZACION DE LA POBREZA

No a la militarización. Fuera el Ejercito, la Marina, Aeronáutica, Gendarmería y Prefectura de los barrios populares. Fuera Berni?
Basta de represión y criminalización de la juventud y la pobreza.
Aparición con vida ya de Luciano Arruga. Castigo a los responsables políticos y materiales de su secuestro.
Juicio y castigo a los responsables políticos, empresariales y de la burocracia sindical de la masacre de Once. Toda nuestra solidaridad con las víctimas y familiares.
Basta de torturas y muertes en las comisarías y cárceles.
Basta de gatillo fácil!

No a las bases yanquis en Argentina y América Latina!
Fuera los instructores y asesores militares norteamericanos!    

NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY!

Repintarán el rostro de Jorge Julio López en la Plaza Moreno

La convocatoria, surgida de la agrupación HIJOS-La Plata, es para este domingo a partir de las 15. La iniciativa se realizará en el marco de actividades para recordar el sexto aniversario de la desaparición del testigo en el juicio que condenó al genocida Miguel Etchecolatz.
La agrupación HIJOS-La Plata convocó para este domingo a repintar el rostro de Jorge Julio López en las baldosas de la Plaza Moreno, en el centro de La Plata.

La iniciativa se realizará en el marco de actividades para recordar el sexto aniversario de la desaparición del testigo en el juicio que condenó al genocida Miguel Etchecolatz.

La convocatoria es a partir de las 15, en el lugar donde en junio de 2008 los militantes de la agrupación pintaron el rostro gigante del albañil que en septiembre de 2006 dio testimonio sobre su secuestro durante la dictadura cívico-militar ante los Tribunales Federales de La Plata, y donde identificó a Etchecolatz como su torturador.

El arte callejero con participación de agrupaciones políticas, sociales y culturales se suma a las actividades programadas para reclamar por sexto año por la aparición con vida de López que se realizarán el 18 de septiembre, día en que fue visto por última vez cuando salía de su casa en el barrio platense de Los Hornos.

En La Plata, el martes 18, a partir de las 17.30, la Multisectorial La Plata, HIJOS y Justicia Ya! realizarán una marcha desde la Plaza Moreno hacia la Plaza San Martín, en reclamo por lo que consideran "una trama extensa de complicidades" que impiden que avance la causa judicial en la que no existen procesados ni detenidos.

Por su parte, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a la marcha que realizarán, también el martes 18 a las 17.30, y que partirá desde Congreso hacia Plaza de Mayo para exigir "aparición con vida, juicio y castigo a los responsables".

La causa por la desaparición de López fue iniciada por la justicia provincial y remitida luego al juez federal Manuel Blanco, en tanto la Cámara Federal dispuso en 2008 la creación de una "Unidad Especial" dedicada a la investigación.

La ¿"investigación"? por Jorge Julio López

La investigación por la desaparición de JORGE JULIO LOPEZ EN 2006
Cruces de llamadas, seis años después

Ante el pedido de la fiscalía, el Ministerio de Seguridad dispuso que agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria vuelvan a la pesquisa para revisar llamadas telefónicas de posibles sospechosos. Además, se sigue la pista de un ex espía.

 Por Adriana Meyer

La causa que investiga la de-saparición de Jorge Julio López parecía estar en coma irreversible. Sin embargo, sus impulsores no se resignan y lograron una leve reanimación: el Ministerio de Seguridad de la Nación accedió al pedido de la fiscalía para que regresen a la investigación los funcionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) con el objetivo de completar el entrecruzamiento de llamadas telefónicas del caso. Además, a instancias de los querellantes, fue localizado un ex agente de Inteligencia sobre quien se basa la pista más activa en este momento del expediente. De todos modos, a casi seis años del hecho nada se sabe del albañil que aportó su testimonio para condenar al genocida Miguel Etchecolatz ni sobre quiénes lo hicieron desaparecer.

El fiscal Marcelo Molina había enviado a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, un oficio con el detalle de los “inconvenientes” que tuvo desde que se hizo cargo de la causa, una reseña en la que queda muy mal parada la Policía Federal por el desempeño de su “comisión López”. A modo de ejemplo, mencionó que los federales jamás tuvieron la base de datos completa para hacer los cruces de llamadas. La semana pasada, el fiscal fue convocado por la secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Cristina Caamaño, y dijo que tuvo “muy buena receptividad” porque le prometieron que la PSA retomaría la tarea que quedó inconclusa cuando esa fuerza se retiró del expediente por falta de fondos, incluso con un sistema más moderno, según comentó Molina a Página/12.

Quienes conocen el errático de-sarrollo de la investigación no se sorprenden, pero el sentido común lleva a preguntarse cómo es posible que a seis años todavía no se hayan realizado los cruces de las comunicaciones telefónicas de Los Hornos el 18 de septiembre de 2006. En rigor, la tarea la había comenzado la Policía Bonaerense, que la abandonó cuando fue apartada del caso por las sospechas de que alguno de sus miembros haya sido partícipe del secuestro del testigo. La PSA abordó el cruce con un sistema denominado I-2, pero sus agentes también se fueron del expediente. Desde entonces, poco o nada hizo la fuerza que quedó a cargo, la Federal. “Nos tomaron el pelo a la Justicia y a los querellantes. Nos cansamos”, dijo indignado a este diario el querellante Aníbal Hnatiuk. “Es cierto que los pedidos que hicimos son complejos, necesitás un pizarrón para explicarlos, pero no nos pueden decir luego de dos meses que no pudieron abrir un CD o que está todo listo y en sus propios listados hay un nombre que ‘no está’”, describió con bronca.

Por eso, piensan expresar al juez federal Manuel Blanco “a 70 meses del secuestro y la desaparición de Jorge Julio López” su “profunda preocupación por la forma en que se está llevando adelante la investigación”. Hnatiuk y Justicia Ya! tienen en claro que algunas pruebas ya se perdieron o serían de resultado nulo, como si se pretendiera rastrear con perros la zona donde el testigo fue visto por última vez. Pero otras, muy pocas por cierto, no se alteran con el paso del tiempo, entre ellas los entrecruzamientos de llamadas telefónicas. El abogado concluyó que lo que hicieron fue una “burla”, que no estuvieron a la altura de las circunstancias y de la trascendencia histórica de resolver qué pasó con López. Y recordó que en abril de 2008, cuando fue apartada la Bonaerense, la Cámara Federal ordenó la creación de la Unidad Especial para esclarecer la de-saparición del “ciudadano López”, que debía tener tecnología adecuada y dar cuenta cada tres días de sus avances.

Ahora bien, ¿estos cruces son al azar o los investigadores están buscando a alguien? De las tres o cuatro hipótesis más fuertes, hay “una línea interesante” que les genera cierta “expectativa y especial interés”, dijo a Página/12 uno de ellos. Se trata de una persona que fue parte del aparato de inteligencia durante la dictadura, que tenían identificado pero durante meses no podían ubicar hasta que la querella aportó datos. Entonces serán analizadas las comunicaciones de quienes podrían tener una motivación para atentar contra López, personas involucradas en alguna parte de la maquinaria del terrorismo de Estado.

El libro y las actividades

La Secretaría de Derechos Humanos de la CTA La Plata y la corriente Surcos convocan hoy, a las 19, a un encuentro para comunicar múltiples acciones políticas y culturales ante un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. En el Anexo del Café de las Artes, calle 6 y 49, presentarán el foto-libro de Gerardo Dell’Oro Un desaparecido en democracia (foto), una muestra fotográfica de Andrés Borzi, Adela Klein y Peter Andrew, además de Gabriela Hernández con La calle que habla de López, y Chelo Candía, con su historieta No desaparezcan! Se difundirán otras actividades que culminarán el martes 18, a las 17.30, en Plaza Moreno, con la movilización de la Multisectorial que llevará la consigna “El silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad”.

6 años sin López... HIJOS la plata

6 AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ  -  DESDE HIJOS LA PLATA DECIMOS

PARA DETENER AL MONSTRUO NO HAY QUE PISARLE LA COLA, SINO CORTARLE LA CABEZA

A 6 años de la desaparición de Jorge Julio López pasa el tiempo, implacable como el silencio de los gobiernos kirchneristas nacional y provincial respecto al tema.
Lopez era un tipo del pueblo, un albañil oriundo de General Villegas que se afincó de joven en el barrio platense de Los Hornos, y que en su juventud decidió aportar periféricamente a la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre” que Montoneros tenía en el barrio. Su convicción de aportar a la verdad de lo sucedido con algunos de sus compañeros de militancia como Ambrosio De Marco y Patricia Dell Orto, lo llevaron a que ya viejo se animara a relatar con nombre y apellido a los verdugos de su cautiverio en 5 Centros Clandestinos del Circuito Camps.
Pero para algunos sectores eso fue demasiado. Demasiado para la trama extensa de complicidades políticas, policiales y judiciales, que se dedican a pactar la impunidad de ayer para sostener la explotación de hoy. Demasiado para Solá, Arslanián, Scioli, Casal, Cristina, Aníbal, Alak Garré, Corazza y Blanco, a quienes el tema nunca les interesó más allá de un “anciano extraviado” o a lo sumo una “averiguación de paradero”.
Desde hace 2.160 días venimos denunciando reiteradamente el encubrimiento que existe en la causa López. La Justicia Federal platense demostró su ineptitud investigativa total frente al autogobierno policial que maneja todos los grandes delitos en la provincia de Buenos Aires. Y se dedicó a seguir pistas alocadas, realizar allanamientos cantados y a proteger al entorno del genocida Miguel Etchecolatz. El mismo que nos dijo en el juicio el día que desaparecieron a Julio: “No es este tribunal el que me condena, son ustedes los que se condenan”… Imposible no relacionar las palabras de este genocida con la situación de uno de los testigos que aportó a su condena.
Apartada la policía bonaerense de la investigación a pedido de los organismos de Derechos Humanos, la Federal no se dignó siquiera a elaborar un mínimo sistema de análisis de entrecruzamiento de llamadas entre el círculo de represores que Lopez mencionó, una base de datos que permita luego obtener el cruce de comunicaciones. Pese a que hace 4 años la Cámara Federal dispuso crear una “Unidad Especial” capacitada y equipada que investigue exclusivamente el caso, y aunque parezca increíble, la respuesta de la Federal a la Fiscalía sobre su accionar fue que “no sabían muy bien lo que tenían que hacer”.
A 6 años sin Lopez no hay ningún procesado ni detenido en la causa. Lo único que avanzó fue la escandalosa denuncia de la familia Lopez, patrocinada por los abogados Gascón Cotti y Wortman Jofré, contra los organismos de Derechos Humanos que acompañamos a Julio a declarar, ya que nos acusaron “por no haberle brindado protección en el juicio”.
Para mayor complejidad, en La Plata sólo pudimos condenar a 20 represores en 9 años de juicios. Y sabemos que la mejor manera de proteger a los testigos es condenar a todos los genocidas, con justicia por todos los compañeros desparecidos.
A 6 años seguiremos estando en las calles, gritando y exigiendo Juicio y Castigo. Recordandóle al “Gobierno de los Derechos Humanos” que aún existen desaparecidos por razones políticas. Pero lo haremos sabiendo muy bien que para detener al monstruo azul desaparecedor de ayer (y al del gatillo fácil de hoy) no hay que provocarlo con escarmientos simbólicos, hay que empuñar el arma de la memoria popular y barrerlo para siempre.

A 6 AÑOS SIN LOPEZ
EL SILENCIO DEL GOBIERNO ES ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD
18 de septiembre 2012  -  Marcha de Plaza Moreno a Plaza San Martín

HIJOS LA PLATA
 678 AÑOS SIN LOPEZ...
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hijos_laplata@yahoo.com.ar

Juicio y Castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez!
HIJOS La Plata

6 años sin Julio López

El juez Blanco sobreseyó a todos

DECISION EN UNA CAUSA VINCULADA CON EL CASO LOPEZ

 Por Adriana Meyer

En la investigación judicial por la desaparición del testigo Jorge Julio López lo único que avanzó fue la denuncia de su familia contra quienes “no lo cuidaron”: los funcionarios judiciales que intervinieron en el proceso contra el genocida Miguel Etchecolatz, los que llevaron adelante el Juicio por la Verdad en La Plata y las abogadas de López. El juez federal Manuel Blanco los sobreseyó a todos en una reciente resolución en la que consideró que los acusados no tuvieron los indicios necesarios como para presumir que el albañil estaba en peligro, y menos aún la voluntad de no protegerlo. “No hay nada que investigar, ni siquiera de qué sobreseernos, no podemos dar lugar al ‘por algo será’ otra vez y cargar las dudas contra aquellos que militamos con él contra la impunidad”, dijo a Página/12 Myriam Bregman, una de las abogadas de López. “Esta denuncia contra los que ‘deberían haber cuidado a Julio’, entre ellos sus abogadas y compañeros, debió ser archivada inmediatamente”, agregó.

A poco de cumplirse dos años de la desaparición, su esposa y uno de sus hijos, con el abogado Alfredo Gascón, y Hugo Wortman Yofre por la Fundación Soporte, habían presentado esta denuncia contra quienes no evitaron su secuestro. El cuestionado camarista Alberto Durán hizo lugar al pedido que apuntaba a “aquellos que según el Código de Procedimiento Penal deben velar por la seguridad de los testigos, y a todo el mundo porque un albañil fue a declarar con toda su buena voluntad y está desaparecido”. El juez federal Arnaldo Corazza y el fiscal Marcelo Molina la desestimaron pero finalmente el fiscal Guillermo Ferrara impulsó la acción penal, que recayó en el juzgado de Manuel Blanco porque la Cámara había separado a Corazza. Como efecto colateral, este magistrado decidió apartarse de la causa madre por sentir que la denuncia de la familia le provocaba “violencia moral”, y ese expediente pasó también a Blanco.

Fueron acusados los camaristas y el fiscal del Juicio por la Verdad, en el que López declaró el 7 de julio de 1999 (Reboredo, Schiffrin, Nogueira, Pacilio y Piaggio), los jueces, camaristas y fiscal del caso Etchecolatz (Corazza, Rozanski, Insaurralde, Lorenzo y Dulau Dumm) y los abogados Fernando Molinas, Liliana Mazea, Guadalupe Godoy y Bregman. A ellos se atribuyó haber “omitido solicitar y otorgar protección a López, por haber sido citado a testificar en cuatro oportunidades, teniendo en cuenta que desde el 18 de septiembre de 2006 está desaparecido”. Los funcionarios fueron imputados por “no haber dispuesto ninguna medida de seguridad física o psicológica respecto del testigo”. Según la resolución a la que tuvo acceso Página/12, los secretarios de esos juzgados y tribunales declararon que López nunca expresó sentirse amenazado o en peligro. “Pretender que luego del trágico hecho, los jueces y fiscales que llevaron a cabo la investigación a la que el testigo efectuó sus aportes deban afrontar las consecuencias de aquél resultaría manifiestamente irrazonable”, expresó el juez Blanco. Y concluyó que “López omitió solicitar protección porque no vislumbró el peligro que lo acechaba”.

La abogada Godoy dijo a este diario que el equipo de abogados que integró fue sobreseído “sin haber sido jamás notificados ni tomado conocimiento de la imputación, por lo tanto los argumentos por los cuales nos sobreseen no son los nuestros, nunca nos escucharon”. A poco de cumplirse seis años de la desaparición de López, su caso está paralizado. Las únicas novedades aparecen en las ramificaciones del expediente principal.

18 de enero 2012 : SEGUIMOS SIN JORGE JULIO LOPEZ

FIRMA POR JORGE JULIO LOPEZ

Juicios: sin Julio López no hay Nunca Más

por Ramón Ábalo

Venganza, agravio, revancha, terrorismo, podrían ser calificativos a aplicar a la desaparición de Julio López, que este 18 de setiembre se cumplieron cinco años de su desaparición inmediatamente después de haber sido testigo principal contra el represor Etchecolaz.

Pero no dejó de trascender, además, aquello de "pago" para poder avanzar en los juicios de lesa humanidad de la dictadura cívico-militar que se están realizando en todo el país desde un poco antes de aquel entonces.

Algo así como que Julio López y los centenares de testigas/testigos, como los abogados querellantes, los miembros de los tribunales, serían  moneda de cambio para los "grupos de tareas" empleados por los resabios del terrorismo de estado. Los organismos de derechos humanos de Mendoza, cercanos a la mayoría de quienes han testificado, y los todavía cientos que aún deben hacerlo, incluso los abogados querellantes, desde hace años vienen preocupados por la seguridad de aquellos, acudiendo y exigiendo al estado provincial y nacional elementos para una seguridad sin menguas de ningún elemento, tanto humanos como técnicos.

Lo conseguido y lo que se utiliza en esa tarea es un efectivo sostén de las demandas de los organismos, los/las testigos y los querellantes. Sin embargo se tiene en cuenta algunas omisiones o desguaces de normativas, que se volatilizan a medida que pasa el tiempo. Por eso se tiene en cuenta lo que un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas dio a conocer inmediatamente después de la desaparición de López: "Argentina no estaba preparada para hacer frente a esa situación...además no se encontraba en condiciones de proteger a la enorme cantidad de testigos en alto riesgo...sólo contaba con un pequeño plan nacional para el ámbitos del crimen organizado y tráfico de drogas". Después aparecerían varios planes para el caso de testigos en juicios de lesa humanidad, lo que provoca algunas situaciones enbarazosas en cuanto se debe acudir a la protección y elegir entre algunos de ellos. A estos dilemas se suma una metodología que es común a los planes propuestos y en ejecución, que se basan en lo obvio: vigilancia domiciliaria, red de comunicaciones (teléfonos), y algunas propuestas ridículas como la del director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de cambiarse la cara mediante una operación de cirugía plástica...

Romper con los moldes clásicos y elementales como los señalados es una forma de aproximarse a métodos realmente en el marco de lo crítico y grave. Como el que extraemos de un sesudo trabajo publicado en el periódico Propuestas (22 de septiembre 2011): "...Quién puede estar interesado en impedir el desarrollo de los juicios? y ejercer acciones preventivas sobre ese conjunto de ex represores, civiles involucrados en el genocidio que temen ser imputados, grupos económicos favorecidos por el terrorismo de estado, etc.

No en balde, el único caso de amenazas esclarecido, el del accionar de La Hermandad de la ciudad de Reconquista...se resolvió investigando los posibles agresores, como manda el abc del manual de la investigación. Para ello, el gobierno debe superar el límite cultural que implica asimilar la impunidad estatal con la presunción de inocencia, como bien demostrara Mario Winfel en el debate sobre Patti, no son para nada valores similares: la presunción de inocencia es una garantía constitucional de los derechos humanos, la impunidad que gozan los perpetradores del genocidio es una acción estatal que busca proteger la violación de los derechos humanos y es, por naturaleza, contraria a derecho como la decisión de la Sala II de Casación de sacar a  los generales asesinos de la cárcel. Bajo la fachada de la "normalidad" procesal se defiende la impunidad en todas sus formas...es hora de terminar con ella y encarar el proceso de los juicios desde una estrategia estatal unificada que garantice la continuidad del proceso hasta sus últimas consecuencias, que no pueden ser otras que juzgar al poder económico y al imperialismo yanqui, que lo organizaron y se beneficiaron de él". Algo así dijimos hace un par de meses al ocupar el estrado ante el Tribunal en los juicios por genocidio que se llevan a cabo aquí en Mendoza. Todos estos intereses son culpables.

5 años sin JORGE JULIO LÓPEZ

El mismo dolor que hace cinco años

Acto homenaje a Jorge Julio López, desaparecido el 18 de septiermbre del 2006

Organismos de derechos humanos y agrupaciones de izquierda convocaron a la marcha que se realizó desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo para reclamar justicia y la aparición del testigo. También se hizo una manifestación en La Plata.

 Por Adriana Meyer
“Cinco años sin culpables ni sospechosos, cinco años de impunidad”, fue una de las consignas.

”Toda esta gente está peleando por un bien común”, le dijo Ramón a su hijo Agustín, que miraba pasar la marcha sentado sobre sus hombros. Pero como su cara evidenciaba que desconocía los motivos de la movilización, una militante abandonó la columna de su agrupación y le entregó un volante. Al rato, ya en la mesa de un bar de la Avenida de Mayo, leían juntos que ayer se cumplieron cinco años de la desaparición de Jorge Julio López, el sobreviviente de la dictadura que atestiguó contra el genocida Miguel Etchecolatz y fue secuestrado pocos días antes de la sentencia en aquel juicio. Y que por esa razón, y para pedir “aparición con vida, castigo a los culpables y fin a la persecución de luchadores populares”, toda esa cantidad de gente iba de Congreso a Plaza de Mayo. Cuando su papá llegó a la parte que decía “cinco años sin López, cinco años de encubrimiento y silencio oficial, cinco años sin culpables ni sospechosos, cinco años de impunidad”, el chico preguntó qué es la impunidad. “Cuando pedís justicia y no te la dan”, trató de resumir Ramón.

“Es un aniversario muy duro, algunos que hablan hoy tendrían que haber actuado hace cinco años (ver aparte), pero Julio está más presente que nunca, por donde mirás está su rostro porque tratamos de reconvertir su ausencia”, dijo a Página/12 Guadalupe Godoy, quien fuera abogada del querellante López, durante la enorme marcha que se hizo en La Plata, ciudad que fue “empapelada” con el rostro del albañil que desapareció en dictadura, sobrevivió a los campos de exterminio, lo contó ante la Justicia al acusar a sus victimarios, y nunca más apareció en democracia. Agustín exclamó de pronto “¡miren qué grandote!”. Fue cuando pasó un muñeco gigante que representaba al testigo desaparecido, mientras se armaba la cabecera de la marcha, a la altura de San José. Allí, sosteniendo la bandera de Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ), se alinearon las Madres de Plaza de Mayo (LF) Mirta Baravalle y Elia Espen, Diana Kordon (Liberpueblo), Carla Lacorte (Ceprodh), Christian Castillo y Myriam Bregman (PTS), Néstor Pitrola, Gabriel Solano y Jorge Altamira (PO), José Castillo y Juan Carlos Giordano (IS), Vilma Ripoll (MST en Proyecto Sur), Héctor Heberling (Nuevo MAS) y Patricia Walsh (Proyecto Sur). Abriendo paso entre fotógrafos, cronistas y camarógrafos, megáfono en mano, Enrique Fukman y Carlos Lordkipanidse, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).

“Cada 18 sentimos el mismo dolor que aquella mañana en que Julio no aparecía, cuando a las pocas horas presentábamos el hábeas corpus y decíamos que había que buscar a los secuestradores en Marcos Paz y en la Bonaerense, pero lo grave es que testigos como López se presentan, exponen su historia y su integridad física como él, mientras que son cada vez más los acusados y condenados van quedando en libertad”, dijo a Página/12 Myriam Bregman, abogada de López en el juicio contra Etchecolatz y candidata del Frente de Izquierda. “La experiencia de Julio López marca que los genocidas tienen que estar en la cárcel, que el aparato represivo de la dictadura sigue impune y en funciones, como demostramos en la causa ESMA, que 3100 suboficiales de la Marina de esa época están en actividad, así como 9 mil policías en la Bonaerense. Todo esto sobreexpone enormemente a los testigos y nadie puede hablar de protección si todas estas personas siguen impunes y en sus casas”, agregó.

A las 17 en punto ingresó la cabecera a la plaza, ante la mirada asombrada de algunos turistas. Dos jóvenes mexicanos preguntaron “¿quién es López?”. Una señora que se había sumado con sus hijas a la marcha un par de cuadras antes le explicó que “era un albañil de 77 años que sobrevivió a la tortura y declaró contra los represores que se lo habían llevado en 1976, pero lo volvieron a desaparecer”. Uno de los extranjeros elogió que haya ese tipo de juicios. “Es que hay una decisión política”, respondió la mujer y lo despidió para seguir marchando.

A esa hora un viento fresco pulseaba con unos débiles rayos de sol, y Eduardo Nachman, hijo del desaparecido Gregorio Nachman, comenzaba la lectura del documento del EMVJ. “Acusamos al gobierno nacional y provincial de encubrir la desaparición, los responsabilizamos de usar el silencio que sostiene la impunidad, de haber renunciado a buscar y encontrar a nuestro compañero Julio, y a su obligación de detener, juzgar y condenar a los responsables”, dijo casi en el inicio del discurso. “Lo hacemos conscientes de que esto es coherente con la política represiva que implementa hacia la protesta social, porque la mano de obra genocida, así como sus discípulos presentes en las fuerzas de seguridad, están dispuestos y son utilizados para esa tarea”, agregó. Es que hace cinco años el entonces gobernador Felipe Solá y su ministro de Seguridad, León Arslanian, dijeron que aún había miles de policías en la Bonaerense que venían de la dictadura y que estaba en peligro la “gobernabilidad” de esa fuerza. “Con dolor y bronca decimos que este año fueron asesinados luchadores populares, que el gatillo fácil como instrumento de criminalización de la pobreza sigue golpeando a los jóvenes, que se persigue a dirigentes obreros a través de procesos judiciales”, leyó Nachman. Y respecto de los juicios por delitos de lesa humanidad, el EMVJ consideró que “la impune desaparición de Julio ha facilitado el asesinato de Silvia Suppo, los secuestros de Puthod y Gerez, y las centenares de amenazas a testigos y querellantes en los juicios contra los genocidas”.